Impuesto a las descargas: 5,5 céntimos por GB, pero ¿para quién?

El viernes 30 de octubre de 2026, la Asamblea Nacional francesa aprobó la enmienda I-1358 de Laurent Lhardit, diputado del grupo Socialistes et apparentés, durante la primera lectura del proyecto de ley de presupuestos para 2027. El registro oficial de la votación recoge 35 participantes: 11 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones.

El Gobierno y el ponente general del presupuesto se opusieron. Esta aprobación corresponde a una enmienda, no a una ley de presupuestos aprobada definitivamente y promulgada. A 1 de noviembre de 2026, este impuesto no está, por tanto, en vigor. El expediente parlamentario sigue situando el presupuesto en primera lectura en la Asamblea Nacional.

El texto aprobado señala a los proveedores de contenidos como sujetos obligados al pago. Los proveedores de acceso a Internet participarían en la medición de los volúmenes, bajo la supervisión de Arcep y de la administración tributaria.

Los particulares no serían sujetos directamente obligados al pago. La fórmula grava un volumen de datos, sin limitarse a las compras: las descargas, el vídeo en línea y las actualizaciones podrían entrar en este mecanismo. Steam y las tiendas de las consolas ilustran los servicios potencialmente afectados; el texto no los menciona por su nombre.

La multiplicación difundida en las redes sociales es correcta. Para un juego como el muy esperado GTA VI, que podría ocupar 200 GB: 200 × 0,055 = 11 €. Pero expresa un importe bruto teórico a cargo del emisor. No permite afirmar que el precio de un juego aumentaría automáticamente en 11 €. Estos son algunos ejemplos puramente aritméticos:

Estas cantidades no son una tarifa cobrada a los jugadores ni un anuncio comercial de Steam, Sony o Microsoft. El cálculo final dependería, entre otros factores, del límite aplicable a la empresa.

Otra confusión: el espacio ocupado en el SSD no equivale necesariamente a la cantidad descargada. Valve explica en su documentación de SteamPipe que los datos se dividen, comprimen y cifran para su distribución. Las actualizaciones también pueden transferir solo una parte de los archivos. Por tanto, un juego instalado que ocupa 200 GB no basta, por sí solo, para deducir 200 GB de tráfico.

La imagen viral que asocia GTA VI con una descarga de 200 GB sigue siendo una ilustración: no basta para establecer el tamaño real de la descarga. Los volúmenes de la tabla son deliberadamente independientes de un juego concreto.

Para el streaming, Netflix indica un consumo de hasta 7 GB por hora en 4K. Dos horas a ese máximo representarían 14 GB, es decir, 0,77 € al tipo previsto, siempre antes de aplicar los límites.

La redacción prevé el 15 % de la facturación francesa o el 2 % de la facturación total. No detalla claramente cómo se articulan estas dos referencias.

Estos porcentajes se aplican a la facturación, no al beneficio. La exposición de motivos justifica su existencia por las actividades que transmiten muchos datos por cada euro de ingresos, especialmente los videojuegos y el vídeo bajo demanda.

La recogida prevista sería agregada y anonimizada. Los operadores declararían la identidad de la empresa emisora, su identificador ante IANA y los volúmenes, sin registrar el contenido ni el destino. Para las redes de distribución de contenidos, o CDN, el texto toma en cuenta los flujos salientes.

El regulador (Arcep) describe una dificultad importante: las infraestructuras pueden ser comunes a varios servicios y los proveedores de alojamiento o CDN transportan datos de terceros. Por ello, sus estadísticas no siempre permiten atribuir directamente un flujo al editor del contenido consultado.

En su barómetro de 2026, referido a finales de 2025, Akamai, Netflix, Amazon, Google y Meta representan conjuntamente el 48,9 % del tráfico hacia los usuarios finales en el ámbito estudiado. Pero Akamai distribuye, en particular, los contenidos de sus clientes. Una cuota de tráfico medida a nivel de red no equivale automáticamente a una cuota del futuro impuesto. La atribución fiscal y la comprobación de los volúmenes seguirían siendo aspectos decisivos de la aplicación.

En el acta de la sesión, Laurent Lhardit defiende una recaudación estimada de 10.000 millones de euros y una contribución soportada principalmente por los grandes actores internacionales. Presenta la medida como una forma de reequilibrar su aportación fiscal frente a las empresas establecidas en Francia. Esta cantidad sigue siendo una estimación del promotor del texto.

Philippe Juvin, ponente general, señala el riesgo de que el coste se traslade a los anunciantes. David Amiel, ministro de Acción y Cuentas Públicas, cuestiona la aplicación y estima que la mitad de la carga podría afectar a proveedores más pequeños, especialmente franceses. Habla así de 5.000 millones para estos actores.

Laurent Lhardit responde durante la sesión que el coste sería limitado para las plataformas francesas, citando su propia estimación para TF1. Los participantes discrepan, por tanto, sobre la distribución y los efectos del gravamen; sus valoraciones no son importes definitivamente establecidos.

La preocupación va más allá de los videojuegos. Frandroid informa de que VideoLAN, la asociación detrás de VLC, habla de más de un millón de euros al año. Laurent Lhardit contrapone el límite y afirma que el impuesto no se le aplicaría. La asociación rechaza esa respuesta. El texto no prevé una exención explícita para el software libre ni para las asociaciones; eso no basta, sin embargo, para confirmar la cantidad anunciada por VideoLAN, que también dependería de la base imponible y de los límites.

En el sector de la nube, Clubic recoge el análisis de Octave Klaba en el que el fundador de OVHcloud estima la carga bruta para su empresa en unos 70 millones de euros al año, antes del posible efecto de los límites. Esta cifra es una simulación del directivo, no una liquidación tributaria definitiva. Xavier Niel también criticó públicamente la medida el 31 de octubre.

Como señala Frandroid, las empresas podrían absorber el coste, modificar sus tarifas o intentar reducir los volúmenes transmitidos. Es posible trasladar el coste, pero hoy no es obligatorio ni cuantificable. El tipo impositivo no basta para prever una subida del precio de los juegos, las suscripciones de vídeo o los servicios en la nube.

También hay que distinguir la optimización técnica de una reducción de la calidad. Valve ya documenta la compresión y la reducción de las descargas de actualizaciones; un impuesto no crearía estas prácticas. Un deterioro del servicio sería una posible decisión de las empresas, no una disposición impuesta por la enmienda. La exposición de motivos invoca un beneficio ecológico derivado de reducir los volúmenes; es un objetivo anunciado, no una mejora ambiental demostrada por la votación.

La votación del 30 de octubre no cierra el examen presupuestario. La primera parte del proyecto de ley de presupuestos y el resto del procedimiento parlamentario aún pueden modificar o eliminar esta disposición. Para entrar en vigor tendría que figurar en una ley promulgada; la medición técnica también requeriría las precisiones anunciadas mediante decreto.

Por ahora, descargar un juego o ver un vídeo no genera ningún pago en concepto de este nuevo impuesto. Lo que hay que seguir es si se mantiene o no en el texto final del presupuesto.